El Ministerio de Justicia convoca regularmente procesos selectivos dirigidos a profesionales con diferentes perfiles. Previamente, las Comunidades Autónomas determinan en sus respectivos ámbitos territoriales las necesidades de recursos humanos respecto a los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia sobre los que han asumido competencias y las comunican al Ministerio de Justicia.
Es importante que consultes detenidamente las bases de la convocatoria a la que quieras presentarte, ya que existen variaciones importantes en el proceso dependiendo de la plaza a la que optes, y también del organismo convocante.
El salario de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia se ajustará a la categoría del puesto, y también presentará variaciones en función del territorio y de otros complementos salariales que proceda aplicar.
Las tareas que llevan a cabo los funcionarios de Justicia son muy diversas y dependen del perfil profesional de los empleados. Estos perfiles se corresponden con los puestos de Auxilio Judicial, Gestión Procesal y Administrativa, Letrado o Juez, entre otros.
Así, dependiendo de la responsabilidad asociada a cada una de las plazas, algunas de las funciones que pueden desempeñar estos profesionales son:
El perfil de estos profesionales dependerá del puesto que ocupen y de sus responsabilidades. No obstante, existen rasgos comunes a todos ellos:
Los candidatos y candidatas deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
Los procesos selectivos presentan notables diferencias en función de la plaza de empleo público de la Administración de Justicia a la que opten los candidatos y candidatas. Por lo general, se estructuran en dos fases: oposición y concurso.
En las oposiciones de Juez y de Abogado Fiscal los aspirantes deberán superar también una fase de formación en la Escuela Judicial.
Además de recopilar la documentación que te permitirá acreditar tus méritos, tendrás que estudiar los contenidos del temario detallado en las bases, que contempla aspectos vinculados con el Derecho Constitucional, estructura de la Administración de Justicia, derechos fundamentales y organización del Estado, organización y estructura del Poder Judicial, procedimientos judiciales, procedimientos civiles, registro civil, procedimiento penal, procedimiento contencioso administrativo y laboral y normativa sobre Derecho Mercantil, entre otros.